""IMPUNIDAD""

El caso del Juez Rubén Saurín sospechado de hurtar energía y lo que nos salió a cada uno de los santafesinos, la escandalosa privatización del Banco Provincial, son dos ejemplos claros que en esta provincia los poderosos no pagan sus culpas. Paradójico, irónico, hipócrita, pero brutalmente real.

Se suele decir que sin partidos políticos no hay democracia, pero los que creemos en este sistema, debemos afirmar además, que si los partidos políticos copan la justicia, no hay ni democracia ni república.

Los casos precitados, son solo eslabones de una larga cadena de impunidad que fue ideada, instrumentada y consolidada en los últimos 25 años en esta provincia.

La falta de resolución judicial de casos altamente sospechados de corrupción que involucraban a funcionarios de todas las administraciones, como el de la Caja de Jubilaciones, IBM-Banco Provincial de Santa Fe, el vaciamiento de esta entidad; las causas Vanrell, Muriel, Fibraca, Circo Vostock, medicamentos enterrados, inundaciones y represión de diciembre de 2001, que costaron vidas de santafesinos y cientos de millones de pesos, hablan por sí solo del entramado político-judicial montado en esta provincia, para lograr la impunidad de los poderosos y de los amigos del poder

¿Sobre qué principios se ordena una sociedad en la que a la desigualdad se suma la impunidad de los poderosos?. ¿Qué institución puede tener alguna credibilidad, si la principal de las instituciones, la que está llamada a impartir la justicia que norme y fundamente el justo desempeño de las instituciones sociales, es ella misma la negación de cualquier norma de elemental justicia?. Si se legitima y se acepta la impunidad, la expresión más perversa del poder, reina la injusticia y la desigualdad. Si alguien puede estar por encima de la sociedad y violar sus principios, normas y leyes, entonces no puede construirse una sociedad. Mucho menos una sociedad justa.

El Juez Saurín, es un hijo dilecto de este partido político-judicial que aún sigue siendo poderoso y nada hará cambiar la opinión que se tiene de él, se compruebe o no el hurto de energía. Es probable que este personaje, que no debería haber llegado a ocupar el cargo que ostenta, zafe una vez más y saliendo por la puerta trasera de los tribunales, goze de una suculenta jubilación. Lo que no se podrá sacar nunca de su conciencia son los rostros de todos los santafesinos a los que dejó sin justicia, cuando garantizándose su impunidad le aseguró la de Carlos Reutemann, archivando la causa que implicaba al ex -gobernador el asesinato del "Pocho" Lopretti y las otras muertes de diciembre de 2001.-

Estas caricaturas de jueces, son en su mayoría, los que cantaron a viva voz la canción "Resistiré" en una cena del Colegio de Magistrados y cuyo coro fue dirigido por el ahora Procurador de la Corte. Evidentemente la corporación resiste. Resiste a una justicia ecuánime, transparente, competente, diligente y para todos. E

sta en cada uno de los santafesinos, de este gobierno, de los que vendrán, de los partidos políticos y de todas las instituciones de la democracia cambiarle la partitura a todos los que se resisten a cambiar el poder judicial.
por Miguel Cello

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OTRA DENUNCIA CONTRA EL JUEZ SAURIN

La Empresa Provincial de la Energía denunció ayer al juez de Instrucción de Santa Fe, Rubén Saurín, por presunto fraude procesal en la causa que investiga si hurtó energía eléctrica. También pidió que sea llamado a indagatoria y, además, recusó al juez Darío Sánchez, quien lleva adelante el caso, por considerar que no está actuando con imparcialidad y que "inclina la balanza" a favor del magistrado denunciado. La decisión de la empresa fue una respuesta ante la movida que, previamente, había realizado la defensa de Saurín, que denunció a empleados de la EPE por presunto falso testimonio al declarar la semana pasada ante Sánchez.

En marzo de 2009 dos empleados de la EPE habían labrado un acta de infracción caratulada "conexión directa clandestina" en el domicilio particular de Saurín. De oficio, la fiscal Graciela Parma instó a investigar si se estaba ante la presencia de un delito, pero algunos meses después el juez Jorge Patrizi resolvió archivar la causa. La fiscal insistió y, entonces, el caso pasó a manos del juez Sánchez, ahora recusado por la EPE.

Claudio Puccineli, asesor del área de Asuntos Jurídicos de la EPE, aseguró: "Jamás en 20 años de profesión vi una actuación de un juez que defienda con tanto esmero los intereses de la defensa. Un juez de Instrucción normalmente actúa en favor de la persecución penal".

La EPE también presentó un escrito ante la fiscal Parma, en el que solicita que Saurín sea indagado "porque ahora los que están en la picota son trabajadores que hicieron lo que correspondía". Para Puccineli, Saurín está en condiciones de ser indagado a pesar de los fueros de los que goza como magistrado, "porque la indagatoria es un acto de defensa material. Lo que no puede hacerse es detenerlo o juzgarlo". Pero además, pesa ahora una denuncia por supuesto fraude procesal contra el magistrado sospechado de hurtar energía.

Según publicó ayer El Litoral, el gerente de Asuntos Jurídicos de la EPE, Raúl García explicó que "Saurín contrató electricistas particulares que hicieron mediciones en las fechas que él quiso. Nosotros notamos contradicciones en los dichos de esas personas incluso con los de un escribano que también actuó. Por eso pedimos a la fiscal que investigue la posible comisión de falso testimonio de esta gente. Además, Saurín presentó un pedazo de cable de aproximadamente 40 centímetros como prueba, que no fue reconocido por nuestros inspectores".

La última semana el abogado Néstor Oroño, defensor de Saurín, denunció por presunto falso testimonio y fraude procesal a dos empleados de la EPE que ampliaron sus declaraciones testimoniales. Fue porque uno de estos empleados presentó, 14 meses después de la denuncia original, un cable de varios metros, aduciendo que se trataba del cable utilizado por Saurín para realizar la presunta conexión clandestina. Este empleado dijo, además, que el cable había permanecido en su camioneta durante todo este tiempo, pero aparentemente se contradijo con su colega, quien afirmó que las pruebas de los operativos eran guardadas en la empresa.



Juez Saurín: La EPE confirmó la conexión clandestina directa
22/04/2009 07:26 | Tanto el ministro Antonio Ciancio, como Daniel Cantalejo, titular de la empresa, ratificaron que las actas de infracción a la vivienda del juez “están legalmente comprobadas”. El tema está siendo analizado por la Justicia santafesina.
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El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia, Antonio Ciancio, ratificó ayer todo lo actuado en la propiedad que el juez santafesino Rubén Saurín tiene en Guadalupe y donde hace algunas semanas se detectó una conexión directa clandestina de energía eléctrica.

Lo mismo había expresado el máximo directivo de la empresa eléctrica, Daniel Cantalejo, cuando dijo que la Justicia determinará si el juez “pagaba menos” que lo que consumía. “Eso lo va a determinar la Justicia. Lo que puedo decir es lo que resulta de nuestros registros, y es que hay consumos que en ese tipo de viviendas, son más altos”, agregó Cantalejo.

El titular del juzgado de Instrucción de la 4ª Nominación de los tribunales santafesinos vive en el residencial barrio de Guadalupe y en su descargo había argumentado que el operativo antifraude no era válido ya que los operarios de la EPE habían concurrido sin escribano.

Al respecto Antonio Ciancio admitió desconocer quienes realizaron el operativo pero ratificó el procedimiento. “Ratifico ese y tantos otros operativos que se han hecho en countrys, comercios o industrias. Cada uno después se podrá defender porque les asiste el derecho, pero las actas están legalmente comprobadas”, afirmó el ministro.

PESQUISA ADMINISTRATIVA

La Corte Suprema de Justicia también ordenó una investigación administrativa para Saurín luego de que la EPE labrara el acta de fraude en su domicilio por “conexión directa clandestina”. La defensa de Saurín pretende cuestionar la legalidad de los operativos. De hecho, Saurín presentó un escrito realizando un descargo y adjuntó las facturas de consumo eléctrico de los últimos bimestres.

No obstante, el juez acusado había admitido que la constatación realizada por los peritos de la EPE fue correcta pero consideró que la causa de la pérdida de energía es “totalmente ajena” al medidor de su casa. En ese sentido, había dicho que “en el ducto que lleva varios cables que dan energía eléctrica a distintos domicilios, entre ellos el mío, hay uno que está degollado, cortado, y que terminó haciendo masa con un caño metálico”, sostuvo.

Sin embargo, la investigación del presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, Sebastián Creus, sospecha que el juez está “enganchado” en la luz y eso explica que su consumo sea menor que el de una residencia de esas características.

Al respecto Cianció concluyó informando que “este año ya llevamos 4.200 actas de infracción positivas frente a un cúmulo mucho mayor de inspecciones. Se han llegado a detectar personas de alto poder adquisitivo en estas irregularidades. Así que el que esté enganchado o que tenga alguna picardía tiene que ser conciente que tarde o temprano vamos a llegar a su domicilio. Así que le recomendamos que se pongan en orden”.

SE AGUARDA UN PERITAJE

En tanto, en lo estrictamente judicial, la causa que investiga el presunto robo de energía por parte del juez de Instrucción de la 4ª Nominación en su vivienda del barrio Guadalupe, aguarda los resultados de un peritaje ordenado por el juez del caso Jorge Patrizi.

La medida, poco usual en este tipo de procesos, pretendería constatar los artefactos eléctricos existentes en el domicilio del magistrado sospechado y establecer, de manera aproximada, el consumo promedio de energía.

Cabe recordar que sobre el final de marzo pasado inspectores de la Empresa Provincial de la Energía labraron una infracción en el domicilio del juez santafesino Saurín. Ante eso el magistrado le habría presentado al juez Patrizi una factura donde constaría el consumo registrado y pagado entre diciembre y febrero del corriente año en el que se consignaría un importe de 180 pesos.

LA INVESTIGACIÓN PENAL

Tras la denuncia de la empresa, la fiscal en turno Graciela Parma presentó un requerimiento de instrucción al juez Patrizi para que se investigue si su colega Rubén Saurín, incurrió en algún tipo de delito. En ese sentido se habría solicitado a la EPE toda la documentación correspondiente vinculada al caso y que pueda ser de utilidad para la causa.

Además fueron citados los operarios que realizaron el procedimiento quienes en sede judicial habrían ratificado que hallaron una conexión directa clandestina en el domicilio de Saurín.

Cabe recordar que para que el magistrado pueda ser sometido a proceso, primero debe ser apartado de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento que debe determinar si hay elementos para suspender a Saurín.
FUENTES:DE DISTINTOS DIARIOS DE LA REGION